La Fiscalía General del Estado pone en marcha el seguimiento de su Plan de Igualdad
La Fiscalía General del Estado (FGE) aprobó en 2015 un Plan de Igualdad con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la carrera fiscal.
El Plan de Igualdad, que comenzó su renovación el pasado febrero y que por tanto tendrá un nuevo documento a finales de este año, contará además ahora con un plan de acción 2019-2020 que "abordará el análisis de la situación actual, defina objetivos específicos, identifique las acciones a desarrollar y establezca mecanismos para verificar si se está cumpliendo".
Propuestas del plan de acción
Este método de seguimiento tiene entre sus objetivos sensibilizar a los integrantes de la carrera. Señala el documento, al que ha podido acceder Confidencial Judicial, que si bien "el efectivo ejercicio de los derechos sociales es una opción personal", la institución se compromete a promoverlo.
El 40% de las empresas llevan doce años sin un Plan de Igualdad
La igualdad todavía es una asignatura pendiente en España después de aprobarse la primera Ley de Igualdad en 2007. Desde Comisiones Obreras (CCOO) manifestaron que en Burgos un total de quince empresas con más de 250 trabajadores ya deberían de contar actualmente con un Plan de Igualdad. Sin embargo, la cifra desciende hasta las nueve al comprobar las sociedades que lo han ejecutado, lo que representa el 60% del total, un porcentaje que en la Comunidad desciende hasta el 47%.
De esta manera, en la provincia burgalesa un 40% de las empresas se encuentran en una situación de «incumplimiento» desde hace doce años, fecha en la que se estableció el primer Plan de Igualdad, según explicaron la agente de Igualdad de Comisiones Obreras, Susana Menéndez, y la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad, Mª del Carmen Noceda. Sin embargo, tras la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019 del 1 de marzo, las empresas de más de 150 trabajadores cuentan con ocho meses de margen, ya que el siete de marzo del próximo año es la fecha límite para implantar el plan, mientras que las sociedades con más de cien empleados amplían su plazo un año más. Las compañías con más de cincuenta personas disfrutan de tres años de margen para ejecutar la maniobra.